Después de que se formulara un proyecto de ley que planteara permitir a las empresas del sector privado comprar vacunas para que sean aplicadas, comienzan a plantearse posibilidades de cara a que esto acabe siendo una realidad. De hecho, el planteamiento principal es que las empresas privadas puedan comercializar vacunas contra la COVID-19, con el objetivo de destinarlos a la población más vulnerable.

Para ello, el 10% de los lotes importados por el sector privado se venderían a precio de costo al Ejecutivo. Algo que iría implícito en lo que quieren las compañías, pudiendo comprar, importar, almacenar, distribuir y aplicar las vacunas.

Asimismo, para que las empresas puedan adquirir las vacunas deben tener como mínimo 200 trabajadores en planilla. Las vacunas, que también se utilizarían para aplicarlas de forma gratuita a los trabajadores, podrían adquirirse también para los familiares directos de estos en segundo grado de consanguineidad o afinidad. Así lo plantea el proyecto.

Junto a esto, se podrá importar una cantidad de vacunas adicional equivalente al 30% del número de trabajadores que posea la empresa, sirviendo para inocular a personas de la comunidad donde se encuentre la compañía o gremio.

Los trabajadores que se nieguen a recibir la vacuna serán excluidos del padrón de beneficiarios por fases promovidas por el Estado.