CORONAVIRUS

Clases virtuales en colegios privados: cómo saber si se han modificado los costos

La escuela privada tendrá un plazo de una semana a partir del próximo 6 de mayo para informar a los padres de las modificaciones de los costos.

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En la imagen, el presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/Ernesto Arias/Archivo

El ejecutivo de Martín Vizcarra, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA con el que aprobó la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y que recoge el diario oficial de la República El Perú, será a partir de ahora el responsable de la legislación en materia educativa, también garantizado a través de la Ley N° 31011.

Se trata de una medida que se aplicará tanto para la escuela privada como pública, para "garantizar la continuidad y calidad de la prestación de los servicios de educación en todos los niveles". El Ministro de Educación, Martín Benavides, ha asegurado que el gobierno trabaja también en ampliar el número de matriculaciones en la escuela pública.

Un plazo máximo de siete días para propuestas de modificación

En el artículo 5 relacionado con la Información sobre prestaciones y costos, las instituciones educativas privadas deberán informar siempre "sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no".

Todo ello se llevaría a cabo en un plazo máximo de siete díasa partir del próximo miércoles 6 de mayo, para comunicar a los padres de los alumnos las posibles modificaciones que se produzcan en los costes por proporcionar clases virtuales, de tal manera que estos deben recibir la información de parte de los colegios privados que están "facultados para llevar a cabo posibles modificaciones"

Por otra parte, con este Decreto se trata de conseguir que los colegios privados "no cobren por el servicio presencial que no brindan por la emergencia sanitaria por la COVID-19" ni tampoco lo hagan por nuevos conceptos que puedan surgir por ese servicio no presencial, tal y como lo recoge en su Artículo 6 relativo a la "correspondencia entre las pensiones y los servicios brindados".  

Descuento de deudas dentro de 30 días desde la resolución del contrato

Precisamente esta normativa recoge que, en caso de que los padres muestren su desacuerdo con la propuesta, podrán anular el contrato y los colegios deberán devolver el dinero relativo a las cuotas de matrícula, ingreso y de las pensiones canceladas. Los padres tendrán el derecho de decidir si resolver el contrato en el caso de que no estar de acuerdo con los términos del mismo o no recibir información a respecto.

Ese proceso se hará "de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante, descontando las deudas pendientes si las hubiera, dentro del plazo máximo de treinta días calendario contados desde la resolución del contrato". El Decreto recoge que como base legal para esta operación, en el caso de la cuota de ingreso, "el tiempo de permanencia del estudiante en la institución educativa privada, desde el ingreso o la primera matrícula del estudiante en su colegio privado, y en el caso de la pensión y la matrícula, el servicio efectivamente brindado".

El documento señala que la información presentada por las entidades educativas privadas "tiene carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior".

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